Un año contra las TASAS JUDICIALES

Después de un año desde que entrara en vigor la Ley de Tasas, Jueces, Fiscales, Abogados, Procuradores, personal al servicio de la Administración de Justicia y ciudadanos continuamos mostrando nuestra disconformidad con ella. Los datos muestran una realidad que todos veíamos y que solamente el Ministerio de Justicia no quiso, ni quiere ver.

Desgraciadamente, este año ha servido para confirmar los peores augurios, ya que esta Ley ha privado a miles de ciudadanos de su derecho a la tutela judicial efectiva, impidiendo de forma injusta su acceso a la justicia, mientras que empresas y ciudadanos con capacidad económica continúan ejerciendo su derecho sin problemas. Por no hablar de la impunidad y el abuso de las Administraciones Públicas que se encuentran exentas del pago de esta tasa.

A pesar de que nadie se creyó que con la aprobación de esta ley se iba a solucionar el problema de la justicia gratuita, lo cierto es que 365 días después nadie tiene ninguna duda al respecto, no solo no se ha recaudado lo previsto con el establecimiento de las tasas (hasta septiembre 103 millones de euros, lejos de los 306 millones previstos por el Ministerio), sino que además se ha incumplido el compromiso de que el importe de las tasas se destinaría a mejorar la asistencia jurídica gratuita. Se desconoce cual ha sido el destino de la recaudación realizada con las tasas, ya que ni siquiera figura en el presupuesto de 2014 del Ministerio de Justicia.

El tiempo ha demostrado que la Ley de Tasas ha creado una justicia para ricos y otra para pobres, ya que los mas desfavorecidos son, en definitiva, los que se ven obligados a renunciar a reclamar sus derechos por no poder hacer frente a la tasa que tienen que abonar. Su objetivo principal no era otro que el puramente recaudatorio, pero además tenía como fin crear un efecto disuasorio en el ciudadano, cuestión más que acreditada con el descenso significativo que han tenido el número de asuntos en los Juzgados.

La imposición de una Tasa como condición para poder acceder a la justicia me sigue pareciendo una vulneración de los derechos de los ciudadanos, que se ven privados de uno de sus derechos constitucionales más importantes, por que además, considero que la agilización de la administración de justicia no puede fundamentarse en el establecimiento de barreras económicas, y que debería de estar en la adopción de medidas consensuadas por los colectivos afectados para la mejora del servicio público

España continúa mostrando indiferencia ante las voces de todos los colectivos que se ven afectados por esta ley, y mira hacia otro lado con las posturas que actualmente mantienen países europeos como Francia, donde ya se ha aprobado la supresión de todo tipo de tasas judiciales a partir del próximo enero de 2.014 para evitar penalizar a los más vulnerables y restringir el acceso a la Justicia.

Actualmente existen cinco recursos de inconstitucionalidad interpuestos y varias cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por distintos juzgados, esperemos que el Tribunal Constitucional agilice su respuesta, ya que son los ciudadanos los que diariamente están sufriendo un grave perjuicio.

El próximo 20 de Noviembre, todas las sedes judiciales de España, con autorización o sin ella, serán testigo nuevamente de nuestro descontento, la abogacía se vuelve a movilizar para solicitar al Gobierno que escuche la voz de todos los colectivos, y sobre todo a los que mejor conocen el funcionamiento y los defectos de nuestro sistema judicial, para que sea desde la transformación de la actual estructura la forma de convertir a la administración de justicia en un servicio accesible y eficaz.