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martes, 13 de mayo de 2014

"El engaño del proyecto de Ley de Justicia Gratuita"

Una vez más, el Ministro de Justicia ha conseguido nuevamente que todos los colectivos en todos los puntos de España se unan para oponerse a una nueva reforma, en esta ocasión al Proyecto de Ley de Justicia Gratuita que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 21 de Febrero. El sentir de la profesión es que la reforma de la ley supondrá un retroceso importantísimo en el “derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos”, apreciándose importantes recortes que sin ninguna duda van a impedir a muchas personas acceder a la justicia, afectando gravemente a garantías constitucionales, por no hablar de la posición en la que quedamos los Abogados del Turno de Oficio.

El Consejo General de la Abogacía ha mostrado su rechazo a este proyecto, poniendo de manifiesto las principales razones y el sentir de la profesión:

1.- NO AUMENTA LOS UMBRALES DE ACCESO NI LOS BENEFICIARIOS DEL SERVICIO.

No solo no aumenta los umbrales sino que incluso se reducen, utilizando criterios más restrictivos que impiden al ciudadano acceder a este servicio (salario bruto en lugar de neto, IPREM en lugar de Salario Mínimo Interprofesional, etc), dejando fuera prácticamente a toda persona que alcance los mil euros brutos. Además, la reforma excluye determinados recursos en el ámbito social, y obliga a los trabajadores a pagar tasas por despidos, reclamación de salarios o pensiones.

2.- NO GARANTIZA LA CERCANÍA DE LA JUSTICIA GRATUITA AL CIUDADANO.

Con la reforma, cualquier abogado podrá inscribirse en el Turno de Oficio aunque no se encuentre allí su colegio o su residencia/despacho, lo que impedirá que el servicio al ciudadano se preste con la inmediatez y calidad aconsejable. Dicho de otro modo, una persona podrá solicitar un abogado de oficio para divorciarse residiendo en Cantabria y podrán designarle un Letrado con despacho en Valencia, lo que parece no tiene mucho sentido.

3.- NO GARANTIZA LA FINANCIACIÓN PÚBLICA Y NO DESTINA EL DINERO DE LAS TASAS A LA JUSTICIA GRATUITA.

En mi opinión, esta es la gran “mentira”, ya que en muchas ocasiones las tasas judiciales han sido justificadas por miembros del Gobierno, y especialmente por el Ministro de Justicia, como una forma de mejorar la Justicia Gratuita. Sin embargo, a pesar de que las tasas han ingresado más de 149 millones de euros, ni uno solo ha ido destinado a la Justicia Gratuita.


4.- SOSPECHA DEL FRAUDE DE LOS CIUDADANOS.

El proyecto limita a tres veces anuales el uso del servicio por parte del ciudadano, por lo tanto, si una persona se encuentra en paro, tiene un accidente de coche, sufre un robo y se divorcia en el mismo año, ya no podrá solicitar Justicia Gratuita hasta el año siguiente, le pase lo que le pase, lo que no tiene ningún sentido. Además, a diferencia de lo que ocurre ahora, que cuando una persona tiene reconocido el derecho de Justicia Gratuita para un procedimiento, lo tiene hasta que este concluye, con el nuevo proyecto se obliga a la persona a volver a solicitar la Justicia Gratuita si quiere seguir el procedimiento en segunda instancia, aunque sus circunstancias sean las mismas que cuando lo solicitó la primera vez, duplicando los trámites.

5.- BUROCRATIZA LA LABOR DE LOS COLEGIOS Y DE LOS ABOGADOS.NO GARANTIZANDO UN SERVICIO DEBIDAMENTE RETRIBUIDO

Además de aumentar de forma desproporcionada la labor de los colegios, quienes entre otras cosas tendrán que comenzar a cobrar a los ciudadanos que acudan al Servicio de orientación Jurídica cuando no sean beneficiarios del derecho a la Justicia Gratuita, lo que generará temor entre aquellos y ni siquiera acudirán a preguntar, también prevé una serie de obligaciones y responsabilidades a los abogados absolutamente indignas, como las de asumir los costes de la defensa cuando el cobro sea improbable al encontrarse el cliente en paradero desconocido, estableciendo un nuevo régimen disciplinario mucho mas severo.

 Desde hace semanas, se ha iniciado una campaña en contra de la aprobación de este proyecto de ley, ya que en ningún caso mejora el modelo de Justicia Gratuita que desde 1.996 ha funcionado eficientemente, y lo que es peor, lo empeora convirtiéndolo en un servicio ineficiente, con graves consecuencias para los ciudadanos que verán gravemente lesionados sus derechos constitucionales, así como para los abogados adscritos al Turno de Oficio, a quienes desprotege, hasta el extremo de negarnos una compensación económica digna.


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