"Los colores del poder judicial hacen peligrar nuestra justicia"


“Imagina cómo sería que te encargasen valorar la conducta de aquel que te propuso para el puesto de trabajo que realizas, o que estuviera en tu mano sancionar o inhabilitar a quien te ayudó a conseguir la posición que tienes, ¿agradecido y benevolente u objetivo e imparcial?”


Foto: Revista SEDE
Cuando pensamos en aquellos que imparten justicia, pensamos en profesionales que ejercen su labor con la máxima independencia. Esta es la única manera de que el Estado de Derecho funcione de verdad, y la conocida por todos división de poderes no se distorsione, evitando que uno pueda controlar a otro. ¿Esto es realmente así?.

En el año 2.010, más de 1.500 jueces apoyaron un manifiesto por la “despolitización y la independencia del poder judicial”, en el que se reconocía que la independencia de nuestra justicia estaba en serio peligro.

Para velar por la independencia del Poder Judicial, nuestra Constitución prevé la existencia de un órgano de autogobierno, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ),  que cuenta con competencias en materia de ascensos, destinos, sustituciones, sanciones de nuestros jueces, etc. Pero además, este órgano influye en otras instituciones y organismos, ya que no solo tiene la facultad para proponer reformas legislativas, sino que también participan en el nombramiento del Fiscal General del Estado, de los Magistrados del Tribunal Constitucional, Magistrados del Tribunal Supremo, presidente de la Audiencia Nacional y de sus salas, Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia, Presidentes de las Audiencias Provinciales, etc. Todos ellos, nombramientos que se realizan de forma discrecional sin que ni siquiera sea obligatorio motivación alguna.

Si casi la mitad de los miembros de la carrera judicial alzan su voz, necesariamente hace que nos cuestionemos “¿este órgano no funciona? ¿dónde está el peligro?”. Inicialmente, los miembros del CGPJ eran elegidos por los propios jueces, hasta que en 1985, como consecuencia de una modificación de la ley, la clase política se hizo con el control del órgano de gobierno de los jueces, y sus 20 miembros comenzaron a ser designados por el Congreso y Senado, por mayoría de tres quintos. Si bien es cierto que la ley establece que los elegidos serán abogados o juristas de reconocida competencia, y con más de 15 años en el ejercicio de su profesión, lo que no dice y parece lógico pensar, y así lo demuestra la experiencia de estos años, es que el color que mayoritariamente tenga en ese momento la cámara va a ser el mismo que defienda el profesional designado.

De esta forma, a través de estas designaciones, la clase política elige el color que va a tener el núcleo del poder judicial, e indirectamente también el color que van a tener los magistrados de los máximos órganos judiciales, lo que resulta realmente peligroso si tenemos en cuenta los intereses económicos, políticos y sociales que giran en torno a un procedimiento judicial.

Es evidente que toda persona, con independencia del trabajo que desempeñe, tiene una ideología o un color político, sin embargo es fundamental evitar que quien realiza una labor tan importante para la sociedad, quien imparte justicia, pueda hacerlo debiendo a un determinado partido político su nombramiento, maxime cuando es muy posible que ese profesional tenga que decidir sobre cuestiones que afecten al partido que previamente le colocó en ese lugar.

Sobre esta cuestión, el propio Tribunal Constitucional se pronunció en una famosa sentencia de 1986 en la que advertía que el modelo de designación de los miembros del CGPJ entraña el riesgo de frustrar la finalidad señalada en la Constitución, si las Cámaras elegían a los vocales con finalidades distintas a las del bien común, lo que para muchos fue una forma de pasar de puntillas y no declarar la norma como inconstitucional.

A día de hoy, esta situación ha ido deteriorando nuestro sistema judicial, hasta el punto de que la Comisión Europea situó a España en el cuarto lugar con la percepción de la independencia judicial más baja y el Word Economic Forum, una fundación internacional sin ánimo de lucro, situó a nuestro país por detrás de Nambia, Malawi o Gambia.

Las dudas sobre la imparcialidad de algunos jueces han aumentado en la misma proporción que los casos de corrupción política en nuestro país. Basta leer los titulares de los últimos años para darnos cuenta de que hay jueces y magistrados que han ejercido su labor de forma rigurosa y con libertad, ajenos a las presiones,  y han salido mal parados por ello, y otros sobre los que planea la sombra de la sospecha.

Por supuesto, los jueces no forman parte de la clase política, y tienen que poder ejercer su actividad profesional con estrictos criterios legales, al margen de presiones, intereses políticos, económicos y sociales, por lo que el sistema tiene que fijar los mecanismos oportunos para que nadie pueda influir en esta labor, y es que si no se extreman las precauciones, puede darse la paradoja de que un político pueda llegar a decidir quien le investiga, ya que el Consejo General del Poder Judicial está facultado para sustituir a un juez por otro.

La independencia del poder judicial es la única manera de que los ciudadanos tengan una justicia de calidad e igual para todos, y para ello es necesario un procedimiento de nombramiento claro, transparente y libre de presiones e influencias, en el que los criterios de nombramiento no tengan que ver con el color político, sino que sean criterios objetivos y preestablecidos, como las calificaciones y los méritos, basados en la integridad y capacidad profesional.

Es evidente que el sistema actual no funciona, y además pone en peligro los derechos civiles, por lo que es necesaria una inminente reforma que convierta al Consejo General del Poder Judicial en incoloro y seguro, reforma que a pesar de ir incluido en todos los programas políticos cada legislatura, no entusiasma a ningún partido, pero sí interesa a todo ciudadano que quiere que la ley sea igual para todos.

Mi última colaboración con la revista SEDE dedicada en eta ocasión a "colores",  os invito a leer el resto de contenidos.

Comentarios

Entradas populares de este blog

¿Te han citado como testigo en un juicio?. Conoce tus obligaciones y tus derechos.

¿Cuál es la diferencia entre imputado, procesado y acusado?

"El derecho de admisión"